En estas últimas semanas en DOUGAN estamos trabajando intensamente toda vez que el Gobierno de España ha incluido a los despachos de abogados en la relación de servicios esenciales. La actividad es frenética para que nuestros clientes: particulares, profesionales, empresas e instituciones, estén bien asesorados mediante emails individualizados, videoconferencias, llamadas de teléfono y webinars. Pese a que nuestras oficinas están abiertas para la recepción de paquetería, notificaciones y otros casos muy puntuales, nuestro equipo de profesionales atiende a los clientes a distancia con importante rapidez de respuesta toda vez que el presente y el futuro de muchos ciudadanos están sujetos a un adecuado e inmediato asesoramiento.
Estamos teletrabajando desde el primer día, manteniendo el servicio de atención a nuestros clientes en todas las áreas, salvo casi la totalidad de los trámites judiciales, que en estos momentos se encuentran parados, explica el abogado Gustavo Socorro, socio director de DOUGAN.
En DOUGAN, por responsabilidad, estamos teletrabajando desde el primer día, manteniendo el servicio de atención a nuestros clientes en todas las áreas, salvo casi la totalidad de los trámites judiciales, que en estos momentos se encuentran parados, explica el abogado Gustavo Socorro, socio director de DOUGAN: «La emergencia sanitaria que estamos padeciendo y este confinamiento reforzado está suponiendo un importante volumen de trabajo en la tramitación de ERTE aunque hay empresas, profesionales y particulares que nos solicitan reclamaciones de cantidades pendientes, de modo extrajudicial, con el objeto de cobrar los importes adeudados lo antes posible. En materia de Familia y Sucesiones también estábamos observando un importante incremento en las consultas«.
DOUGAN, atendiendo a lo solicitado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a los abogados, procuradores y graduados sociales, colaborará activamente en el plan de agilización judicial que arrancará tras el estado de alarma. Este plan contendrá actuaciones en los ámbitos social, contencioso-administrativo y mercantil, que se prevé sean los más afectados por el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento, y se estudiará su aplicación en los órdenes civil y penal.
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